El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de servicios hasta 2049: se esperan inversiones por USD 600 millones
El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender hasta el 13 de febrero de 2049 la concesión de los servicios aeroportuarios que la empresa administra en 35 terminales de todo el país. La modificación fue formalizada este lunes mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial.
El contrato original tenía vigencia hasta 2038. La prórroga fue definida luego de un proceso de negociación y de los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que evaluó el impacto de la pandemia sobre la actividad y las necesidades futuras del sistema.
Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina deberá ejecutar un programa de inversiones por USD 600 millones, con proyectos destinados a sostener y mejorar la infraestructura, la calidad y los estándares de seguridad de los servicios aeroportuarios. El compromiso contempla que al menos el 75% de las obras se encuentre terminado antes del 31 de diciembre de 2031.
La empresa también tendrá que demostrar, antes del 30 de junio de 2027, que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el plan de inversiones. Esa acreditación deberá realizarse mediante un informe elaborado por una de las principales firmas de auditoría internacionales.
Según la documentación oficial, la compañía había solicitado inicialmente una extensión de 30 años, con la posibilidad de sumar otra prórroga de una década. Esa alternativa habría llevado la concesión hasta 2078, pero los análisis del organismo regulador determinaron que correspondía una ampliación de 11 años, hasta 2049.
El acuerdo no contempla aumentos de tarifas ni restricciones al nivel de inversiones comprometidas. El Gobierno sostuvo que esas medidas podrían tener un impacto negativo sobre los usuarios y sobre la prestación del servicio aeroportuario.
La extensión del plazo también fue vinculada con la necesidad de amortizar las obras previstas y mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión. Sin embargo, el programa de inversiones no accederá a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
