Escándalo en la ANDIS: cercados por la Justicia, los Kovalivker se negaron a declarar e intentaron voltear la causa

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La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la presentación judicial de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, máximos responsables de la droguería Suizo Argentina. Ambos se negaron a responder preguntas durante sus declaraciones indagatorias, pero entregaron extensos escritos en los que rechazaron las acusaciones y solicitaron la nulidad de distintas actuaciones de la causa.

Las presentaciones fueron realizadas ante el fiscal federal Franco Picardi, en el marco de una investigación que busca determinar si existió una estructura de corrupción destinada a direccionar compras de medicamentos e insumos de alto costo para el organismo estatal.

Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía, está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, mientras que su hermano Emmanuel fue señalado como supuesto integrante de esa estructura.

En sus descargos, ambos negaron haber participado en maniobras de defraudación contra la administración pública o en negociaciones incompatibles con la función pública. El argumento central de sus defensas es que la fiscalía pretende atribuirles responsabilidad penal por los cargos jerárquicos que ocupaban en la empresa, sin identificar órdenes, decisiones o intervenciones personales que los vinculen directamente con las operaciones investigadas.

Jonathan sostuvo que no existen comunicaciones, firmas ni instrucciones suyas relacionadas con las contrataciones cuestionadas. También rechazó que las reuniones mantenidas en su domicilio de Nordelta con empresarios del sector farmacéutico puedan ser consideradas, por sí mismas, indicios de una actividad delictiva.

En relación con los negocios de Suizo Argentina con la ANDIS, el empresario presentó cifras para sostener que la actividad con el organismo representaba una proporción reducida de la facturación total de la compañía: el 2,14% en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025.

Por su parte, Emmanuel Kovalivker afirmó que no tuvo intervención en las operaciones comerciales con la agencia y cuestionó el uso de conversaciones encontradas en su teléfono celular. Según su explicación, esos intercambios correspondían a un proyecto comercial privado de 2023 que finalmente no prosperó y que no tenía relación con las compras investigadas.

Uno de los puntos que también cuestionó fue su vínculo con Pablo Atchabahian, señalado por los investigadores como un presunto intermediario entre la empresa y funcionarios del organismo. En uno de los mensajes incorporados al expediente, Emmanuel se había referido a él como un «gran soldado» de Suizo Argentina. El empresario negó que esa conversación demostrara su participación en las maniobras denunciadas.

Además de rechazar las imputaciones, las defensas solicitaron que se declare la nulidad de la investigación. Entre sus argumentos cuestionaron el origen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, al considerar que serían de procedencia ilícita y que presentarían posibles indicios de manipulación o edición.

También reclamaron que se revisen las medidas judiciales derivadas de ese material y que se levante la inhibición general de bienes dispuesta sobre Jonathan Kovalivker.

La postura de los empresarios contrasta con la hipótesis de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según la acusación, Suizo Argentina habría tenido un rol central en un mecanismo de direccionamiento de compras de medicamentos destinados al Programa Federal Incluir Salud.

Los investigadores sostienen que la droguería habría coordinado adjudicaciones con otras empresas, manejado información anticipada sobre las compulsas de precios y contribuido a eliminar la competencia real en las contrataciones públicas.

De acuerdo con el dictamen fiscal, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 se habrían adjudicado a la compañía órdenes de compra por más de $137.000 millones. La acusación también describe presuntos acuerdos con funcionarios de la agencia y otras droguerías para establecer previamente qué empresas resultarían beneficiadas en cada operación.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá analizar los planteos de las defensas y resolver la situación procesal de los hermanos Kovalivker. Entre las alternativas se encuentran el procesamiento, el sobreseimiento o el dictado de falta de mérito.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades de los empresarios y de los exfuncionarios que aparecen mencionados en el expediente.

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