Nadia Beller pidió protección y suspendió su declaración
Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, finalmente no prestó declaración ante la justicia y exigió mayores garantías de seguridad antes de relatar lo que asegura saber sobre la trama de corrupción y violencia que la tiene como víctima central. Su testimonio era esperado con gran expectativa por fiscales y autoridades, porque prometió aportar pruebas que comprometerían tanto a Cerimedo como a altos funcionarios bolivianos, pero la situación de riesgo que enfrenta tras el ataque a balazos que sufrió la llevó a frenar a último momento y a reclamar un estatus especial de protección.
La abogada había sido citada para declarar en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y presuntos delitos vinculados al uso de recursos del Estado, en la que Cerimedo figura como principal investigado. Beller venía de denunciar públicamente que el intento de femicidio en su contra no sólo fue un episodio de violencia de género, sino un operativo destinado a silenciarla para evitar que se conocieran maniobras de corrupción de gran alcance. En ese contexto, sus dichos y los mensajes aportados desde el teléfono de Cerimedo se convirtieron en una pieza clave de la investigación, lo que incrementó el clima de tensión alrededor de su comparecencia.
Sin embargo, cuando llegó el momento de declarar, Beller presentó un escrito en el que solicitó ser incorporada a un régimen de testigo protegida y reclamó medidas concretas para resguardar su vida y la de su entorno. Sostuvo que, sin un esquema de seguridad adecuado, su participación en el proceso penal podría traducirse en nuevas represalias, ya que las personas que habrían organizado el ataque continúan teniendo poder, recursos y vínculos políticos. Su defensa remarcó que ella está dispuesta a colaborar con la justicia, pero que no puede hacerlo mientras siga viviendo en las mismas condiciones de vulnerabilidad que tenía cuando casi la asesinan.
El pedido de mayor protección abrió un nuevo frente de debate entre las autoridades judiciales, el gobierno y los organismos encargados de garantizar la seguridad de testigos e informantes. Por un lado, fiscales y jueces reconocen la importancia de la información que Beller dice poseer, especialmente sobre el entramado económico y político que habría favorecido a Cerimedo y a otros implicados. Por otro, la demora en la implementación de medidas de resguardo exhibe las limitaciones del sistema a la hora de proteger a quienes se enfrentan a estructuras criminales con conexiones en distintos países y con capacidad para operar incluso desde la cárcel.
Mientras se resuelve su situación, la causa contra Cerimedo y sus presuntos socios continúa avanzando, aunque ahora con el foco puesto también en la seguridad de quienes participan del expediente. El episodio dejó expuesta la fragilidad de las víctimas y testigos en casos que combinan violencia machista, corrupción estatal y redes de poder transnacional. Beller, que sobrevivió a un ataque a tiros y hoy se resiste a guardar silencio, se convirtió así en un símbolo incómodo para las instituciones: su voz puede aportar elementos decisivos para esclarecer los hechos, pero su vida misma depende de que el Estado esté dispuesto —y sea capaz— de protegerla efectivamente antes de escucharla.
