El juez Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados en el caso ANDIS por millonarias diferencias de precios
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y de otros acusados, a partir de nuevas diferencias de precios detectadas en contrataciones de medicamentos, materiales médicos y elementos ortopédicos destinados a personas con discapacidad.
La resolución judicial también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y extendió las acusaciones contra cuatro imputados que ya habían sido procesados en febrero. Entre ellos se encuentran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich.
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, las diferencias de precios bajo investigación ascienden a $7.833 millones. El monto surge de sumar los $5.984 millones detectados inicialmente en compras de medicamentos y otros $1.849 millones correspondientes a insumos médicos y ortopédicos. El juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
Las irregularidades analizadas incluyen adquisiciones vinculadas con cardiología, traumatología, neurocirugía, implantes auditivos, sillas de ruedas y andadores, entre otros elementos. Las operaciones estaban relacionadas con el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas.
En su resolución, el magistrado puso el foco en la posible existencia de una estructura organizada para intervenir en las contrataciones públicas y beneficiar a determinados proveedores. Según la hipótesis judicial, el mecanismo habría incluido el direccionamiento de adjudicaciones, el manejo de información privilegiada y la simulación de competencia entre empresas.
La medida también alcanzó a empresarios vinculados con distintas firmas proveedoras de insumos médicos, además de personas que habrían cumplido funciones administrativas dentro del organismo. La investigación busca establecer qué participación tuvo cada uno en las operaciones cuestionadas y si existieron beneficios económicos derivados de las contrataciones.
Entre los delitos atribuidos a los distintos imputados figuran asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y, en algunos casos, lavado de activos agravado. La calificación legal varía según la participación que la Justicia atribuye a cada acusado.
Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas. Esta decisión implica que, por el momento, no se reunieron elementos suficientes para procesarlas ni para desvincularlas definitivamente de la investigación. La causa continúa en trámite y busca determinar el alcance de las presuntas maniobras y las responsabilidades individuales.
