Hernán Casciari fue denunciado por estafa y la Justicia dispuso las primeras medidas para avanzar en la causa

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La investigación judicial contra el escritor Hernán Casciari y la empresa Orsai Audiovisuales avanzó con las primeras medidas de prueba destinadas a esclarecer el destino del dinero que aportaron inversores para financiar películas y otros proyectos audiovisuales.

La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de la investigación, dispuso requerir información oficial sobre la constitución y el funcionamiento de la sociedad y citó a declarar a 24 personas que forman parte de la presentación judicial. El objetivo es reunir elementos para precisar los hechos denunciados y determinar qué figura penal podría corresponder.

La denuncia fue impulsada por personas que sostienen haber invertido dinero en distintas producciones y que cuestionan los resultados económicos obtenidos, así como la información recibida sobre los gastos y el manejo de los fondos. Por el momento, se trata de acusaciones que deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

La documentación que busca la fiscalía

Entre las primeras medidas figura un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que remita el legajo societario de Orsai Audiovisuales. Esa documentación permitirá revisar la constitución formal de la empresa, su estructura y las personas que integran su directorio o administración.

La fiscalía también busca escuchar los testimonios de quienes participaron como inversores para reconstruir cómo se realizaron los aportes, cuáles eran las condiciones ofrecidas y qué información recibieron sobre el desarrollo de los proyectos.

La documentación presentada por el abogado denunciante, Marcelo Ariel Gil Ces, será parte del material que deberá analizarse para establecer si existieron conductas penalmente relevantes.

Qué denuncian los inversores

Los reclamantes aseguran que aportaron dinero para financiar películas y otros contenidos audiovisuales promovidos por Casciari y su empresa. Según sostienen, en algunos casos las ganancias prometidas no se concretaron y los montos recuperados fueron muy inferiores a las sumas invertidas.

También cuestionan la falta de información detallada sobre el destino de los fondos y plantean dudas sobre posibles movimientos de dinero entre distintas producciones sin la autorización de quienes habían participado en cada proyecto.

Entre las obras mencionadas en la denuncia aparecen La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Cinco Guiones, Emi On Off y el documental sobre Diego Maradona. Los inversores reclaman que se revisen las cuentas y se determine qué ocurrió con los aportes realizados.

Qué debe determinar la Justicia

Uno de los puntos centrales será establecer si los hechos denunciados constituyen un delito o si se trata de conflictos vinculados con inversiones y compromisos contractuales que no se cumplieron como esperaban los participantes.

La calificación legal todavía debe definirse. Entre las posibilidades que podrían evaluarse se encuentran la estafa, la administración fraudulenta u otras figuras, según las pruebas que se incorporen al expediente.

La investigación continúa en una etapa inicial y las medidas ordenadas buscan reunir información suficiente para delimitar el objeto de la causa y establecer eventuales responsabilidades.

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