Caso Andis: una auditoría detectó un desfasaje de $158.000 millones por deuda no registrada en Discapacidad

El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con la detección de un desfasaje millonario que agrava el cuadro de desorden administrativo y presuntas irregularidades en la gestión de los recursos públicos destinados a personas con discapacidad. Según una auditoría interna ordenada tras la intervención del organismo, se halló una deuda no registrada por unos 158.000 millones de pesos, vinculada a prestaciones y compras que no habían sido debidamente asentadas en los sistemas oficiales. El hallazgo, que se incorpora a una causa judicial ya nutrida por denuncias de coimas, sobreprecios y direccionamiento de contratos, abre interrogantes sobre el alcance del daño patrimonial y las responsabilidades políticas y administrativas de quienes condujeron el área.

La pesquisa se enmarca en el denominado “caso Andis”, la causa penal que investiga un presunto circuito de sobornos y retornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo, así como en la contratación de prestaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad. En ese expediente, que estalló a partir de la difusión de audios atribuidos al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, ya se procesó a exfuncionarios y se puso bajo la lupa a varias droguerías y proveedores acusados de haber sido favorecidos sistemáticamente mediante licitaciones cuestionadas, contratos direccionados y precios que se alejaban de los valores de referencia del sistema de salud. La auditoría que ahora detecta el desfasaje de 158.000 millones de pesos se suma a otros informes técnicos que describen una estructura con graves fallas de control, escasa trazabilidad de la información y ausencia de manuales de procedimiento.

Los auditores que revisaron los movimientos de Andis describen un entramado de deudas acumuladas que no figuraban en los registros oficiales, facturas que no habían sido cargadas en los sistemas y compromisos de pago asumidos sin respaldo documental claro. En paralelo, otros relevamientos del Ministerio de Salud sobre la ex Andis mencionan sobreprecios de hasta 4000% en determinadas compras, licitaciones amañadas y vínculos societarios y familiares entre algunos proveedores, lo que refuerza la hipótesis de un esquema armado para beneficiar a un grupo reducido de empresas. A ese cuadro se suman irregularidades en la trazabilidad de medicamentos, domicilios fiscales dudosos y expedientes en los que no se respetaron los estándares mínimos de transparencia y competencia. El conjunto de indicios configura una radiografía de desorden y posible corrupción que excede los errores administrativos y sugiere un funcionamiento orientado a capturar recursos públicos bajo la apariencia de supuestas prestaciones sanitarias.

El impacto del desfasaje no registrado se proyecta sobre toda la red de atención que depende de Andis, en particular el Programa Incluir Salud y las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La revisión oficial detectó que la falta de registro de deudas y la mala gestión de los pagos derivaron en demoras, interrupción de tratamientos, caída de múltiples prestaciones y dificultades para garantizar la provisión de medicamentos esenciales. Al mismo tiempo, el ajuste de la base de beneficiarios mediante bajas y suspensiones motivadas por auditorías de pensiones permitió un ahorro elevado, pero abrió un debate sobre si el ordenamiento financiero se está realizando sin afectar derechos de personas que efectivamente necesitan las ayudas estatales. En el plano político, el Gobierno utiliza los resultados de estas auditorías como prueba del “descontrol heredado”, mientras la oposición denuncia que se está aprovechando el escándalo para recortar beneficios y desmantelar políticas de discapacidad.

El caso Andis se inscribe, además, en una reconfiguración institucional de fondo. Tras la intervención del organismo y la acumulación de evidencias sobre irregularidades, el Poder Ejecutivo avanzó con la decisión de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad y absorber sus funciones en el Ministerio de Salud, bajo el argumento de reducir burocracia, ordenar el sistema y cortar con una “red de corrupción” que, según el discurso oficial, se habría extendido durante varias gestiones anteriores. La causa judicial sigue en instrucción, con pericias sobre los audios que dieron origen al escándalo y con nuevas líneas de investigación sobre la ruta del dinero, los contratos y la responsabilidad de funcionarios y empresarios. Mientras tanto, el dato de la auditoría –un desfasaje de 158.000 millones de pesos en deuda no registrada– se convierte en uno de los símbolos más contundentes de la crisis de confianza en la administración de los recursos destinados a las personas con discapacidad y en un test clave para la capacidad del Estado de corregir, sin agravar la vulnerabilidad de los beneficiarios, un sistema atravesado por la opacidad.