Fiscal Pollicita descartó pruebas suficientes para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

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El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que no existen elementos suficientes para afirmar que Manuel Adorni se haya enriquecido ilícitamente durante su paso por la función pública. En un dictamen, pidió que la causa deje de tramitar bajo esa hipótesis y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.

La decisión no implica el sobreseimiento del exfuncionario. Según el planteo fiscal, la investigación no logró demostrar que el incremento patrimonial cuestionado se hubiera producido después de la incorporación de Adorni al Poder Ejecutivo. Tampoco pudo establecerse que los fondos estuvieran vinculados con un acto funcional, una contraprestación o alguna fuente ilícita relacionada con su cargo.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo. El análisis patrimonial comprendió el período transcurrido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, durante el cual se revisaron ingresos, gastos, adquisiciones y cancelaciones de obligaciones.

Entre los movimientos observados por la fiscalía figuran erogaciones por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 dólares habrían sido abonados en efectivo. Además, los investigadores detectaron una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos acreditados y el nivel de gastos registrado durante el período examinado.

La defensa de Adorni argumentó que parte del patrimonio cuestionado había sido obtenido antes de su llegada al Gobierno. Para Pollicita, esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas incorporadas al expediente. La figura de enriquecimiento ilícito requiere que el aumento patrimonial injustificado se produzca con posterioridad al ingreso del funcionario al Estado.

Sin embargo, el fiscal señaló que aún existen indicios que podrían justificar una investigación por eventuales incumplimientos tributarios. En particular, mencionó la posible omisión de ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales en las declaraciones fiscales correspondientes a distintos períodos.

Por ese motivo, Pollicita solicitó que el fuero criminal y correccional federal se declare incompetente y envíe las actuaciones a la Justicia Penal Económica. Ese tribunal deberá determinar si existieron irregularidades en el pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales, ejercicio por ejercicio.

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