Fiscalía criticó a la jueza que sobreseyó a un menor de 14 años y apeló el fallo
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo. Como consecuencia de su decisión, la magistrada dictó el sobreseimiento del menor.
La resolución cuestionada se basó en la impugnación presentada por la defensa contra el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años. De Marinis consideró que la aplicación de esa norma resultaba regresiva en el caso concreto y que el joven debía quedar alcanzado por el sistema de protección integral de derechos.
El adolescente había sido detenido junto con otros jóvenes luego de un presunto intento de robo. Sin embargo, la jueza entendió que no correspondía aplicar el régimen penal recientemente aprobado y resolvió desvincularlo del expediente. La declaración de inconstitucionalidad fue dictada para ese caso particular y no implicó, según la información judicial difundida, la anulación general de la ley.
En el recurso presentado, los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra cuestionaron los fundamentos de la magistrada y sostuvieron que la jueza habría asumido atribuciones propias del Congreso. Además, solicitaron que De Marinis sea apartada de la causa y que se designe a otro juez mediante sorteo.
Eduardo Riggi, fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional porteño, afirmó que la resolución presenta “una debilidad enorme” en varios de sus argumentos. Según explicó, el fallo no identifica qué norma constitucional o tratado internacional obliga a fijar en 16 años la edad mínima para la responsabilidad penal.
El funcionario también cuestionó que la jueza haya considerado la antigua falta de punibilidad como un derecho adquirido. A su entender, la vulnerabilidad del adolescente y la gravedad del hecho pueden ser evaluadas al momento de definir la respuesta estatal, pero no constituyen razones suficientes para declarar inconstitucional la normativa vigente.
La Fiscalía sostuvo que la decisión judicial confunde la edad de responsabilidad penal con factores vinculados a la situación personal del adolescente y a la gravedad de la conducta investigada. Ahora, el planteo deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones, que tendrá que resolver si confirma el sobreseimiento o deja sin efecto la decisión de primera instancia.
