La Justicia le dio 15 días a Adorni para justificar su patrimonio
El exjefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, enfrenta esta semana un punto de inflexión en la causa por presunto enriquecimiento ilícito: vence el plazo judicial para que logre explicar el llamativo crecimiento de su patrimonio desde que asumió en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. La Justicia federal espera una respuesta concreta sobre el origen de sus bienes y el ritmo de su incremento, que quedó bajo la lupa tras la difusión de inconsistencias entre sus ingresos declarados y el nivel de gastos y activos acumulados en un período relativamente corto. La definición, que se da en medio de la conmoción política por su salida del gobierno de Javier Milei, puede marcar los pasos siguientes del expediente.
El cronograma que hoy llega a su etapa clave no surgió de la nada: el fiscal Gerardo Pollicita había intimado a Adorni a justificar detalladamente la procedencia de su incremento patrimonial, tanto a título personal como a través de su esposa, desde su ingreso a la función pública nacional hasta el día de su renuncia. En esa intimación se señalan una veintena de movimientos y operaciones que, según el dictamen, no encuentran respaldo suficiente en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario fue notificado de la necesidad de aportar documentación respaldatoria por cada uno de esos puntos, incluyendo operaciones financieras, adquisición de bienes y el origen de los fondos utilizados.
El plazo original para presentar el descargo había sido fijado en 15 días hábiles, de acuerdo con el Código Procesal Penal, pero la defensa de Adorni solicitó una prórroga, argumentando que necesitaba tiempo adicional para acceder y analizar la documentación incorporada al expediente, incluyendo material extraído de dispositivos de terceros vinculados a la causa. El juez federal Ariel Lijo aceptó ese pedido y extendió el plazo por otros 15 días hábiles, sin suspender el avance general del proceso. Esa extensión es la que ahora llega a su fecha de vencimiento, colocando al exjefe de Gabinete nuevamente ante la obligación de definir si presenta un descargo completo o si intenta un nuevo pedido de extensión.
Detrás de los plazos procesales se encuentra el núcleo de la investigación: la Justicia intenta determinar si el crecimiento del patrimonio de Adorni puede ser explicado con ingresos lícitos o si, por el contrario, configura un caso de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. En el expediente se cruzan sus declaraciones juradas, rectificaciones posteriores, consumos y operaciones con activos financieros, incluidos movimientos vinculados a criptomonedas, además de gastos que, según los investigadores, no se condicen con los ingresos formalmente declarados. La confrontación de ese conjunto de datos será clave a la hora de valorar las explicaciones que el exfuncionario aporte en esta etapa.
El escenario judicial se inscribe, además, en un contexto político tenso: Adorni dejó la Jefatura de Gabinete envuelto en sospechas, mientras se conocían detalles de su patrimonio que alimentaron el debate público sobre la transparencia de los funcionarios y los mecanismos de control patrimonial. La resolución de esta instancia procesal no sólo tendrá impacto en su situación personal, sino que también puede derivar en nuevas medidas, como una eventual citación a declaración indagatoria si las explicaciones resultan insuficientes para el fiscal y el juez. Por eso, el vencimiento del plazo para justificar su patrimonio aparece como un test decisivo tanto para la estrategia judicial de la defensa como para la imagen del exfuncionario en el tablero político nacional.
