Renunció el secretario de Discapacidad en medio del ajuste en el sector
Renunció Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, en medio de la creciente tensión generada por las medidas de ajuste que afectan al sector. La dimisión se produjo pocos días después de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluye modificaciones profundas en el sistema de prestaciones y en las pensiones por invalidez.
La salida del funcionario representa un nuevo cimbronazo para el área, que atraviesa una etapa marcada por reclamos de personas con discapacidad, familiares, organizaciones y prestadores. El sector cuestiona la demora en los pagos, la falta de actualización de los aranceles y el impacto que las restricciones presupuestarias tienen sobre la continuidad de los tratamientos y servicios.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto oficial es la propuesta de desregular el sistema de prestaciones. Sus críticos advierten que ese cambio podría debilitar los mecanismos de cobertura vigentes y generar mayores desigualdades en el acceso a tratamientos, apoyos y servicios esenciales.
El proyecto también plantea un recorte de gran magnitud en las pensiones por invalidez. La iniciativa despertó preocupación entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, que consideran que la medida agravaría la situación de quienes dependen de ese ingreso para sostener sus gastos básicos.
La renuncia de Vilches ocurre, además, en un contexto de cuestionamientos a la gestión estatal del área. Las entidades prestadoras denuncian atrasos en los pagos y dificultades para mantener sus estructuras, mientras que las familias reclaman respuestas ante la interrupción o reducción de distintas prestaciones.
El alejamiento del secretario profundiza la incertidumbre sobre el rumbo que adoptará el Gobierno en materia de discapacidad. La decisión se suma a un escenario de conflicto político y social en torno al presupuesto, cuya discusión promete intensificarse a medida que avance su tratamiento.
Las organizaciones del sector sostienen que cualquier reforma debe garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes y proteger los derechos de las personas con discapacidad. En ese marco, la renuncia de Vilches vuelve a poner en primer plano las diferencias internas y el impacto concreto del ajuste sobre una población que requiere políticas públicas sostenidas.
