Los secretos de un desfalco de más de USD 1.000 millones que sacude a la Armada

La investigación judicial y administrativa sobre el presunto desfalco millonario en la Armada dejó al descubierto una trama de manipulación de haberes y viáticos que, según los expedientes, se habría montado desde el propio corazón del aparato contable de la fuerza. El caso, que involucra a oficiales, empleados civiles y beneficiarios sin vínculo laboral con la institución, se disparó cuando un grupo de agentes se negó a seguir participando de la maniobra y decidió documentar las irregularidades, obligando al jefe del área de Administración Financiera a llevar el tema a los tribunales federales. Desde entonces, las auditorías internas y las presentaciones judiciales comenzaron a reconstruir una operatoria sistemática que, durante años, drenó recursos públicos en silencio.

De acuerdo con los informes que dieron origen al sumario, el mecanismo se apoyaba en la adulteración de los archivos de liquidación de sueldos antes de ser remitidos al banco pagador. En esa instancia, se alteraban manualmente los montos y se incorporaban personas ajenas a la nómina oficial, para luego restaurar los registros originales en el sistema interno y borrar toda huella de las modificaciones. Esa doble contabilidad permitía que los pagos irregulares se concretaran sin que las alteraciones quedaran visibles en los controles rutinarios. La misma lógica se extendía a los viáticos de personal en misión en el exterior, donde se cargaban gastos inexistentes y suplementos extraordinarios que, una vez acreditados, eran parcialmente devueltos en efectivo al circuito informal que se había montado dentro del departamento contable.

Las auditorías iniciadas a comienzos de este año detectaron, en un primer corte, cientos de acreditaciones irregulares dirigidas a poco más de una veintena de beneficiarios, entre ellos varios civiles sin relación funcional con la Armada. Una fracción significativa del dinero terminó en manos de cuatro personas sin vínculo laboral, que concentraron casi la mitad del monto desviado, según los documentos que se incorporaron al expediente. Entre los casos más llamativos, figura el de una mujer que percibió decenas de acreditaciones y se convirtió en la mayor receptora individual del esquema. La reconstrucción administrativa también verificó pagos a personal ya desvinculado de la fuerza y la situación de un oficial que cobraba haberes en simultáneo en el país y en el exterior, una irregularidad que se había naturalizado en la rutina de liquidaciones.

La presión de las denuncias internas y la acumulación de pruebas llevó a que uno de los jefes navales bajo sospecha admitiera, en sede administrativa, la manipulación de los archivos de sueldos para beneficiar a terceros. Esa confesión derivó en su relevo preventivo, el aseguramiento de los equipos informáticos utilizados y la ampliación del radio de la investigación sobre todo el circuito de liquidación de haberes. En paralelo, algunos de los involucrados comenzaron a devolver parte del dinero percibido, por montos que, si bien superan decenas de millones, no modifican el volumen global del desfalco que se analiza. El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, debió reconocer “inconsistencias” en las acreditaciones y explicar que la propia fuerza inició la actuación administrativa y radicó la denuncia judicial, en un intento de mostrar que el caso fue detectado y expuesto desde dentro.

El impacto político e institucional del escándalo va más allá de las cifras y del número de créditos irregulares reconstruidos. La causa sacude a la Armada en un contexto de ajuste presupuestario, tensión por las políticas de defensa y discursos oficiales que demandan austeridad al resto del Estado. La revelación de una “flotilla” de ladrones operando desde el corazón de la contabilidad naval instala interrogantes sobre la eficacia de los controles internos, la responsabilidad de la conducción de la fuerza y la capacidad del sistema político para sancionar a los responsables sin convertir el caso en una batalla de facciones. Mientras la Justicia avanza en la identificación de todos los eslabones de la cadena y la auditoría interna continúa desmenuzando años de liquidaciones, la estafa en la Armada se convierte en un test de la voluntad real del gobierno y de la cúpula militar de enfrentar la corrupción dentro de las propias filas.