Presupuesto 2027: Milei y Caputo vuelven a la carga y buscan eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad
Con el envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, reactivó su ofensiva sobre el área de Discapacidad al incluir la eliminación del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Según el texto del artículo, se propone suprimir la referencia a valores universales para las prestaciones y transferir a cada ente obligado —obras sociales, prepagas y organismos estatales— la facultad de fijar por su cuenta qué servicios se brindan y cuánto se paga por ellos. La medida se inscribe en la lógica de ajuste que el oficialismo viene aplicando sobre el sector desde el inicio de la gestión, y que ya había encendido alarmas entre prestadores, familias y organizaciones, quienes advierten que se profundizará la fragmentación y la desigualdad en el acceso a la atención.
El punto neurálgico del proyecto es la modificación del artículo 7 bis de la Ley 24.901, que en 1997 creó el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad. Esa norma estableció un nomenclador único de alcance nacional que fija un catálogo de prestaciones y sus aranceles de referencia, garantizando un piso mínimo de cobertura independientemente de la obra social, prepaga o sistema público al que esté afiliada la persona. Milei y Caputo apuntan ahora a vaciar ese mecanismo: el nuevo texto mantiene la idea de un nomenclador, pero le quita el carácter de universal en materia de valores y deja en manos de cada financiador la negociación directa con los prestadores, bajo el argumento de respetar las “asimetrías regionales de costos, estructuras prestacionales y capacidades financieras”.
En los hechos, la eliminación de los valores universales implica que desaparece la pauta común de referencia que venía ordenando el sistema de discapacidad en todo el país. Hasta ahora, el Nomenclador Nacional funcionaba como garantía básica para que personas con distintas coberturas pudieran acceder a servicios esenciales —hogares, centros de día, transporte, acompañantes terapéuticos, rehabilitación— con aranceles definidos y actualización regulada por el Estado. Con el cambio propuesto en el Presupuesto 2027, cada obra social y empresa de medicina prepaga podrá decidir qué prestaciones cubre, cuáles excluye y qué monto reconoce, abriendo la puerta a una fuerte desregulación del mercado y a negociaciones caso por caso que, según advierten los actores del sector, pueden traducirse en recortes de cobertura y en la discontinuidad de servicios hoy considerados indispensables.
El proyecto también redefine el rol del Estado nacional como financiador dentro del sistema. Cuando el ente obligado sea el propio Estado, los aranceles dejarán de ajustarse con la lógica de movilidad mensual y pasarán a fijarse de manera trimestral, a propuesta del Directorio del Sistema y mediante resoluciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. Este esquema supone, de hecho, una menor frecuencia de actualización en un contexto de alta inflación y volatilidad económica, lo que amenaza con licuar los ingresos de los prestadores y agravar los problemas ya denunciados por clínicas, centros de atención y profesionales, que desde hace meses alertan por aranceles atrasados, demoras de pago y dificultades crecientes para sostener la estructura de servicios.
El avance contra el nomenclador llega, además, tras un largo conflicto entre el gobierno y el sector, atravesado por movilizaciones, reclamos y la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad que fue luego vetada por el propio Milei. Esa ley buscaba asegurar fondos hasta 2027 para el pago a prestadores, actualizar pensiones y recomponer los valores del nomenclador después de meses de congelamiento y aumentos por debajo de la inflación. Ahora, con el Presupuesto 2027, el oficialismo da un paso más: no sólo resiste la idea de un esquema de protección extraordinario para el área, sino que apunta directamente a desarmar el instrumento que, hasta hoy, sostenía un piso igualitario de derechos para más de cinco millones de personas con discapacidad en todo el país. Prestadores y organizaciones anticipan que, de aprobarse la propuesta, se instalará un sistema en el que el acceso a la rehabilitación y a la asistencia quedará cada vez más atado a la capacidad económica de las familias y a la voluntad de cada financiador, consolidando lo que definen como el pasaje del derecho a la salud al negocio de la salud.
