La Armada denunció una trama de corrupción interna con el pago de sueldos por casi $1.000 millones: cómo era la maniobra

La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una denuncia por una presunta trama de corrupción interna vinculada al pago de sueldos, donde se detectaron acreditaciones indebidas de haberes por un monto cercano a los $1.000 millones. Según la investigación administrativa realizada por la propia fuerza, las maniobras se habrían desarrollado entre julio de 2022 y enero de 2026, beneficiando en principio a 23 personas, entre personal militar y empleados civiles. La presentación se basó en un extenso informe interno que reconstruyó el camino de esos fondos y detalló los mecanismos utilizados para vulnerar los controles habituales en la liquidación de haberes.

De acuerdo con la reconstrucción de la Armada, el fraude se ejecutaba en un tramo crítico del circuito de pagos, luego de que se confeccionaban las liquidaciones de sueldos y antes de que los archivos fueran enviados al Banco Nación para la acreditación en las cuentas de los empleados. En ese punto, determinados registros eran alterados para elevar montos o incorporar pagos sin sustento en haberes legítimos: se modificaban valores, se agregaban suplementos o se registraban viáticos y conceptos extraordinarios que no correspondían. Una vez armado el archivo que iba al banco, los datos eran “restablecidos” a sus valores originales, de forma tal que las diferencias no quedaban reflejadas en los recibos que el personal podía consultar en el sistema Haberes-Web.

Ese segundo paso de la maniobra —la restauración de los registros a su estado inicial luego de generar el archivo de pago— era clave para encubrir el desfalco. En la práctica, el recibo de sueldo mostraba un importe que no coincidía con el que el Banco Nación había sido instruido a acreditar, pero esa discrepancia no era visible para el trabajador ni para los controles de rutina, que se apoyaban en la documentación oficial emitida por la propia fuerza. Así, el sistema permitía que se ordenaran pagos superiores o completamente ajenos a los haberes reales, sin dejar huellas evidentes en la trazabilidad interna. La investigación administrativa terminó fijando un “piso” documental del perjuicio: acreditaciones irregulares, beneficiarios identificados y casi $981 millones comprometidos en poco más de tres años y medio.

Las primeras proyecciones elaboradas por especialistas consultados en el marco de la pesquisa indican que el daño económico total podría ser aún mayor y llegar a $1.500 millones, aunque ese cálculo no figura en el escrito judicial y permanece como una estimación extraoficial. La investigación apunta a determinar, además, si las personas beneficiadas formaban parte de un esquema organizado o si recibieron los fondos mediante la manipulación de sus legajos sin plena conciencia de la maniobra. Entre los señalados hay personal en actividad, retirados y civiles, lo que refleja la extensión del entramado dentro de las áreas encargadas de la liquidación y administración de sueldos. La causa, radicada en un juzgado federal, busca ahora establecer responsabilidades penales, identificar a los eventuales organizadores y desentrañar si hubo participación de niveles superiores en la cadena de mando.

La denuncia presentada por la Armada se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración de fondos públicos en las Fuerzas Armadas, y tiene un rasgo distintivo: fue la propia institución la que impulsó la investigación, detectó las irregularidades y decidió llevarlas a los tribunales. Paralelamente, el Ministerio de Defensa activó actuaciones administrativas para revisar el sistema de acreditaciones, reforzar los controles y evitar que se repitan maniobras similares. El expediente judicial y la auditoría interna avanzan en forma coordinada, con la expectativa de que la evidencia digital y contable —los archivos de pago, los registros del banco, las trazas de modificación de datos y los correos internos— permitan reconstruir con precisión cómo se articuló el circuito de corrupción alrededor de la liquidación de sueldos en la Armada Argentina.