El Gobierno apelará la multa por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional apelará la multa diaria impuesta por la Justicia por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, ante el incumplimiento de una medida cautelar vigente.
La resolución establece una multa de 100.000 pesos por día para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien el magistrado considera responsable de la administración del Presupuesto Nacional. La penalidad fue aplicada luego de que venciera el plazo otorgado al Poder Ejecutivo para acatar la orden judicial.
El expediente se inició a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional. La medida cautelar exige la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
Cormick sostuvo que el incumplimiento había sido verificado y que, por ese motivo, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre. En aquella oportunidad, el juez había intimado al Gobierno a cumplir con la resolución dentro de un plazo de cinco días, bajo advertencia de aplicar sanciones económicas.
Tras conocerse la decisión, el Poder Ejecutivo anticipó que presentará un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde el oficialismo cuestionaron el accionar del magistrado y argumentaron que sus resoluciones suelen ser contrarias al Gobierno del presidente Javier Milei.
La sanción podría ser revisada posteriormente, ya que el juez dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados. Sin embargo, mientras no exista una resolución que suspenda la medida, la penalidad continuará acumulándose diariamente.
El conflicto judicial se desarrolla en paralelo a la disputa política por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma contempla mejoras salariales y la actualización de programas de becas, pero el Poder Ejecutivo sostiene que su implementación depende de la disponibilidad de partidas y de la determinación de las fuentes de financiamiento.
