El Gobierno flexibiliza su postura en discapacidad y tierras para asegurar aliados en el Presupuesto y las PASO
El oficialismo en la Cámara de Diputados comenzó a flexibilizar su posición frente a los reclamos de los bloques aliados y de los representantes provinciales, en un intento por garantizar respaldo para el Presupuesto 2027 y avanzar con la eliminación de las PASO. Las concesiones abarcan temas sensibles como la compra de tierras por parte de extranjeros, las políticas destinadas a las personas con discapacidad y la distribución de fondos para obras públicas.
Una de las principales señales de apertura se produjo en torno a la Ley de Tierras. El Gobierno evalúa reincorporar límites a la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que comenzará a ser tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados el miércoles 14 de octubre.
La propuesta busca contener las críticas de legisladores del PRO, la UCR, el MID y distintos partidos provinciales. Esos sectores cuestionan que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 haya dejado sin efecto las restricciones previstas en la Ley de Tierras, aunque no acompañan una derogación total del decreto impulsado por el Gobierno.
Entre las alternativas con mayor respaldo aparece la posibilidad de restablecer el límite que impedía que los extranjeros controlaran más del 15% de la superficie rural de una provincia o municipio. Sin embargo, todavía no existe un texto definitivo y algunos legisladores aliados plantean establecer un porcentaje superior al vigente antes de la derogación de la norma.
La Casa Rosada también decidió revisar su postura en materia de discapacidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a informar con mayor precisión las partidas previstas para el sector y a modificar el proyecto presupuestario para despejar las dudas de los bloques que habían firmado el dictamen en disidencia.
Como parte de la negociación, La Libertad Avanza impulsó un nuevo proyecto que retoma varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa contempla un nomenclador único para las prestaciones, actualizaciones vinculadas con la inflación, la compatibilidad entre la pensión y un empleo formal o informal, y el Certificado Único de Discapacidad como mecanismo para acceder al beneficio.
A pesar de esos avances, los aliados todavía reclaman precisiones sobre la actualización mensual de las prestaciones y un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas. El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto el próximo 21 de octubre, en busca de cerrar uno de los capítulos más delicados de la negociación parlamentaria.
En paralelo, Hacienda comenzó a escuchar los pedidos de la UCR y de los bloques provinciales sobre el Presupuesto 2027. Los radicales exigieron preservar el financiamiento de las universidades nacionales, mientras que los representantes de las provincias concentraron sus planteos en las obras públicas, especialmente en los proyectos viales previstos para sus distritos.
La asignación de esas obras y de los fondos correspondientes se perfila como una herramienta central para el Gobierno. La negociación presupuestaria podría convertirse en la principal vía para obtener apoyo a una reforma política clave para el oficialismo: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
