Milei destinó 500 millones de dólares al equipamiento militar y declaró secretas las compras de las Fuerzas Armadas
El Gobierno de Javier Milei destinó alrededor de 500 millones de dólares a la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas y resolvió mantener bajo secreto militar los detalles de las operaciones. La medida quedó formalizada mediante el decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Defensa, Carlos Presti.
La normativa establece que los procedimientos contractuales vinculados con las compras militares quedarán exceptuados de las obligaciones habituales de publicidad y difusión. De esta manera, la administración nacional podrá avanzar con las adquisiciones sin hacer públicos todos los aspectos relacionados con los proveedores, las condiciones de contratación y las características del material incorporado.
Según los fundamentos del decreto, la decisión se basa en la naturaleza y el destino del equipamiento adquirido. El Poder Ejecutivo argumentó que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y afectar los medios de defensa del país.
La resolución se conoce en un contexto de fuerte ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno, que alcanzó a distintos sectores de la administración pública y a áreas consideradas sensibles, como las políticas destinadas a jubilados y personas con discapacidad. En ese marco, la inversión militar generó atención por el volumen de los fondos comprometidos y por el nivel de reserva aplicado a las operaciones.
Desde el comienzo de la gestión de Milei, las Fuerzas Armadas incorporaron distintos tipos de material. Entre las adquisiciones se encuentran aviones de combate supersónicos F-16, vehículos blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aeronaves de patrullaje destinadas a la Aviación Naval.
Con la declaración de secreto militar, el Ejecutivo sostiene que podrá agilizar las compras consideradas estratégicas para la defensa. Sin embargo, la medida también limita el acceso público a la información sobre el uso de los recursos estatales y profundiza el debate sobre los mecanismos de transparencia y control de las contrataciones militares.
